Los gobiernos, el interés general, la democracia, de rodillas ante los mercados. Las instancias judiciales no escapan de esta dictadura que es el capital. Corría el invierno del año 2005, en plena orgía especulativa, cuando en España se construían 800.000 viviendas al año, más que en Francia, Gran Bretaña y Alemania juntas, un tsunami de cemento desde Algeciras a Estambul, como dice la canción de Serrat, o como una ola, que cantara como nadie Rocío Jurado, cuando los gobiernos andaluz y del estado toleraban la especulación, incluso durante años el urbanismo criminal que sufría Marbella, donde no quedaban espacios para los equipamientos.
El artículo 47 de la Constitución española dice: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Y el nuevo estatuto de autonomía de Andalucía, en su artículo 203, dice: Los poderes públicos de Andalucía velarán por un uso eficiente y sostenible del suelo, a fin de evitar la especulación urbanística y la configuración de áreas urbanizadas insostenibles.
En España sigue pendiente el pacto local y, por tanto, la financiación de los ayuntamientos, circunstancia que ha hecho que se recurra con frecuencia al mecanismo de la subasta para hacer caja.
En este escenario, el Consejo de Administración de Mercasevilla, por unanimidad, con los votos de los representantes del PA, PSOE, PP e IU, adjudican con informes jurídicos favorables de la Secretaría General, unos terrenos siguiendo el procedimiento del concurso negociado, que contiene compensaciones y cláusulas sociales más acordes con el interés general de la ciudad que la subasta que sólo se guía por el dinero y el uso del recurso obtenido (en este caso suelo) para ganar el máximo beneficio empresarial.
La jueza ha manejado el calendario político electoral y, tras dos años con el procedimiento abierto sin tomar ninguna medida contra el Primer Teniente de Alcalde de IU, imputa a Torrijos en plena campaña de las elecciones municipales. El auto de la jueza aún no le ha sido notificado a Torrijos y se ha filtrado a la prensa con profusión, posibilitando el linchamiento público y entrando de lleno en la campaña electoral.
La campaña contra Lolo Silva fue durísima. Él dimitió y años más tarde ha sido absuelto de todas las acusaciones por una justicia que sólo es rápida para sentar a Baltasar Garzón en el banquillo, cuando los que se han llevado el dinero no han comparecido aún.
¿Quién compensará ahora al exconcejal de IU? ¿Cómo se revierte y se deshace el daño causado?
Truncar el trabajo institucional de un joven que es una esperanza para nuestro proyecto político y para su ciudad sale gratis al parecer. En estos casos deberían asumir su responsabilidad los que han hecho la campaña y las instancias, incluidas las judiciales, que se han prestado a ello.
Hemos de preguntarnos y preguntar a la judicatura y a la Fiscalía en su calidad de ministerio público que tiene encomendada la defensa del interés general, lo siguiente:
- ¿Por qué no han abierto ustedes investigaciones a las inmobiliarias, instituciones, los bancos, que han convertido la vivienda en un lujo mercantil cuando es un derecho constitucional y estatutario?
- ¿Por qué no se investigan a los que utilizan los paraísos fiscales como la caja B del capitalismo y como escondrijo del dinero negro y criminal?
- ¿Por qué no se investigan los agujeros del sector financiero, como consecuencia de sus prácticas de saqueos y de especulación que terminamos pagando todos con dinero público?
- ¿Por qué no se investiga el blanqueo de dinero negro procedente de tres paraísos fiscales (Gibraltar, Luxemburgo y las Antillas holandesas) que representa un porcentaje del 74% con respecto al total de la inversión extranjera que se ha producido en el sector inmobiliario andaluz en los dos últimos años?
- ¿Por qué no se investigan a fondo las redes mafiosas y criminales que operan en Andalucía?
En Sevilla el guión que ha escrito la derecha conservadora, económica, mediática, política, judicial, se traduce en una campaña despiadada contra los concejales y concejalas de IU. Su presencia en el gobierno de la ciudad ha truncado las expectativas de negocios multimillonarios en Tablada, impidiendo su urbanización especulativa y dotando a Sevilla de un gran parque, de un pulmón verde de docenas de hectáreas:
- Impidiendo la central eléctrica de Punta Verde.
- Haciendo más viviendas sociales que ningún otro ayuntamiento de España. Cuando en Málaga la vivienda pública, en relación con la privada, era el 2%, en Sevilla superaba el 17%.
- No existía ningún campo de fútbol con césped artificial en Sevilla antes de la llegada de IU al gobierno, hoy cuenta con 24.
- No había ningún centro de formación y de inserción laboral permanente y hoy hay cinco permanentes.
- Construcción de polideportivos y pistas en los barrios.
- Más kilómetros de carril bici que ninguna otra ciudad.
- Piscinas cubiertas.
- Bonobús solidario para colectivos concretos, pagado con dinero público.
- Solidaridad y cohesión social única en el municipalismo español.
- Equipamientos públicos para la ciudad en espacios dedicados a este fin.
Estas prioridades de IU en el gobierno explican que los que tienen marcado en sus pupilas el símbolo del dólar, como el tío del pato Donald, es normal que den bocados al aire por lo que han dejado de ganar.
La ciudadanía que ha obtenido los beneficios sociales ha de responder el 22 de mayo.
Hemos de recordar a la Sra. Jueza que no es a golpe de subasta al mejor postor como se construye una ciudad. No es, Señoría, con la ley del mercado sino con el interés general como hay que gestionar el diseño y el futuro de Sevilla.
No pueden ser dueños de los espacios los que pongan más dinero sobre la mesa, sino los proyectos con más contenidos sociales.
Señoría, usted debe saber que hay instrumentos, anclajes jurídicos, legales y legítimos, otras formas que permiten que los dividendos sociales se derramen sobre el conjunto de la ciudad.
¿Cree usted que el papel de la justicia y de la fiscalía es ir detrás de los grandes subasteros para respaldarlos cuando sean los que más dinero pongan para un uso privado y una rentabilidad empresarial en exclusiva?
Cuando un juez o jueza quiere participar en política tiene que colgar la toga.
He planteado en sede parlamentaria durante años, como portavoz de Interior y Justicia, que en este país si queremos una democracia republicana y una justicia basada en valores democráticos, que no sean peones del mercado en la mayoría de los casos, tenemos que ir a otro sistema político y judicial, porque lo que queda claro es que los jueces también tienen ideología y que ha sido el mercado con toga el que ha imputado a Torrijos.
Antonio Romero
Exparlamentario de IU
Coordinador de la Red de Municipio por la III República
Presidente de Honor del PCA.
